07/10/10 Se cumplen 25 años del Juicio a las Juntas militares que motorizó Alfonsín y marcó un hito mundial. Fueron tan innumerables como severos los obstáculos salvados.
No quedan dudas, 25 años después, de la enorme significación y trascendencia que tuvo el Juicio a las Juntas para nuestro país y para el mundo. Un hito fundamental en la transición democrática argentina, que repercutió en los procesos de democratización en el resto de América latina y en el esclarecimiento y sanción de los delitos de lesa humanidad en todo el mundo. Un precedente, también, en la construcción del derecho internacional humanitario y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Habían prevalecido hasta entonces la impunidad, el olvido o la simple necesidad de mirar hacia delante sin la posibilidad de reparar las heridas infligidas en las sociedades y víctimas de la violencia y el terrorismo de Estado. Pero a partir de entonces todo empezó a ser diferente .
Una de las primeras medidas del presidente Raúl Alfonsín fue ordenar el procesamiento de los principales responsables de la violación de los derechos humanos y de la violencia política en el país . Se fijó que la necesaria condena de las conductas consideradas criminales debía alcanzarse exclusivamente mediante el debido proceso. Quedó claro que el repudio no sólo alcanzaba a la violencia que se ejerció desde el Estado; simultáneamente se dispuso el procesamiento de los jefes guerrilleros que asolaron a la Nación, también con violencia y crimen.
Se trataba de instalar en la cultura argentina el nunca más ; nunca más a la violencia, nunca más al crimen, cualquiera fuera el militar o civil que lo perpetrase o la motivación que se esgrimiese. Juzgar a los responsables de la violación de los derechos humanos y restablecer la noción del Estado de Derecho no era sencillo, máxime cuando el mundo no conocía la construcción jurídica acerca del tratamiento de quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad.
No existían antecedentes en la Argentina, ni en el mundo de cómo llevarlo adelante.
La experiencia del juicio de Nüremberg no era fácilmente comparable porque allí se trató de un juicio por crímenes de guerra impuesto por las potencias vencedoras en un país ocupado.
Fue en nuestro país también un desafío para la reinserción de las Fuerzas Armadas en el Estado de Derecho y el inicio de una nueva relación entre civiles y militares .
Mi propósito es recordar esta faceta de enorme importancia: las dificultades y encrucijadas que debimos atravesar en aquel año 1985 en el que vivimos en peligro , transitando por un estrecho desfiladero hasta abrirnos camino en la definitiva consolidación de un sendero que no debía tener marcha atrás.
¿Cómo pudo aquello ser posible? En primer lugar, por el coraje y la visión de estadista de un Presidente que puso a funcionar las instituciones republicanas, impulsó la creación de la CONADEP, dio la oportunidad para que los militares de entonces produjeran su propio juicio de responsabilidad y estableció criterios para que la Justicia pudiera castigar a los máximos responsables de los crímenes cometidos.
Al mismo tiempo, por el acompañamiento de un grupo de hombres y mujeres, algunos de los cuales se entregaron de cuerpo y alma a una tarea inédita y compleja con gran vocación patriótica . En poco más de un año, entre mayo de 1985 y junio de 1986, el gobierno de Alfonsín perdió a tres ministros de Defensa, tres de sus hombres de mayor confianza, que dieron literalmente sus vidas.
Dos de ellos, Raúl Borrás y Roque Carranza, murieron en el ejercicio de esa función. El tercero, Germán López, renunciaría ya enfermo y fallecería poco después .
Durante ese lapso, mientras desfilaban los testimonios del horror ante la Cámara Federal y otros tribunales, debíamos garantizar el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas y su propia transición, no sólo desde el punto de vista institucional y su funcionamiento sino también en “el corazón y las mentes” de sus integrantes.
Contamos con la comprensión y confianza de un grupo de jefes militares que entendieron la significación de ese cambio. También sorteamos sucesivas crisis, padecimos toda clase de operaciones destinadas a producir el fracaso del Gobierno, muchas de ellas con base en bolsones autoritarios dentro del propio Estado y principalmente de los servicios de inteligencia.
¿Es que podía imaginarse que no iban a producirse crisis en una sociedad que había perdido más de diez mil muertos víctimas de la represión ilegal y de la violencia terrorista, además de las víctimas producidas por una guerra irracional como fue la guerra de Malvinas? Es cierto, la dificultad para instrumentar los tres niveles de responsabilidad que el presidente Alfonsín había establecido desde el comienzo, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y las tensiones y crisis militares que se desencadenaron en 1987 hicieron que muchos soslayaran la trascendencia que tuvieron los acontecimientos fundacionales de 1984 y 1985.
No se tenía en cuenta que ni siquiera teníamos ejemplos de otros países que hubieran emprendido un camino como el que estábamos recorriendo. Pero los años fueron colocando los hechos en la luz de la perspectiva histórica , inscriptos ya en la memoria colectiva como parte de lo bueno que hemos podido construir en estas tres décadas de vida democrática, pese al esfuerzo de algunos que se empeñan en hacer creer que antes de ellos nadie había hecho nada . Mientras el país que empezábamos a dejar atrás rendía cuentas ante los jueces de la Nación, el presidente Alfonsín compartía con los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas estas reflexiones que mantienen, un cuarto de siglo después su vigencia: “Emprender una gigantesca reforma cultural que instaure entre nosotros un respeto general por normas de convivencia que garanticen los derechos civiles, que generalicen la tolerancia, resguarden las libertades públicas, destierren de la sociedad argentina el miedo.
Todo eso se llama democracia . La única alternativa a una cultura de la ajuricidad es la cultura democrática”.
Una de las primeras medidas del presidente Raúl Alfonsín fue ordenar el procesamiento de los principales responsables de la violación de los derechos humanos y de la violencia política en el país . Se fijó que la necesaria condena de las conductas consideradas criminales debía alcanzarse exclusivamente mediante el debido proceso. Quedó claro que el repudio no sólo alcanzaba a la violencia que se ejerció desde el Estado; simultáneamente se dispuso el procesamiento de los jefes guerrilleros que asolaron a la Nación, también con violencia y crimen.
Se trataba de instalar en la cultura argentina el nunca más ; nunca más a la violencia, nunca más al crimen, cualquiera fuera el militar o civil que lo perpetrase o la motivación que se esgrimiese. Juzgar a los responsables de la violación de los derechos humanos y restablecer la noción del Estado de Derecho no era sencillo, máxime cuando el mundo no conocía la construcción jurídica acerca del tratamiento de quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad.
No existían antecedentes en la Argentina, ni en el mundo de cómo llevarlo adelante.
La experiencia del juicio de Nüremberg no era fácilmente comparable porque allí se trató de un juicio por crímenes de guerra impuesto por las potencias vencedoras en un país ocupado.
Fue en nuestro país también un desafío para la reinserción de las Fuerzas Armadas en el Estado de Derecho y el inicio de una nueva relación entre civiles y militares .
Mi propósito es recordar esta faceta de enorme importancia: las dificultades y encrucijadas que debimos atravesar en aquel año 1985 en el que vivimos en peligro , transitando por un estrecho desfiladero hasta abrirnos camino en la definitiva consolidación de un sendero que no debía tener marcha atrás.
¿Cómo pudo aquello ser posible? En primer lugar, por el coraje y la visión de estadista de un Presidente que puso a funcionar las instituciones republicanas, impulsó la creación de la CONADEP, dio la oportunidad para que los militares de entonces produjeran su propio juicio de responsabilidad y estableció criterios para que la Justicia pudiera castigar a los máximos responsables de los crímenes cometidos.
Al mismo tiempo, por el acompañamiento de un grupo de hombres y mujeres, algunos de los cuales se entregaron de cuerpo y alma a una tarea inédita y compleja con gran vocación patriótica . En poco más de un año, entre mayo de 1985 y junio de 1986, el gobierno de Alfonsín perdió a tres ministros de Defensa, tres de sus hombres de mayor confianza, que dieron literalmente sus vidas.
Dos de ellos, Raúl Borrás y Roque Carranza, murieron en el ejercicio de esa función. El tercero, Germán López, renunciaría ya enfermo y fallecería poco después .
Durante ese lapso, mientras desfilaban los testimonios del horror ante la Cámara Federal y otros tribunales, debíamos garantizar el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas y su propia transición, no sólo desde el punto de vista institucional y su funcionamiento sino también en “el corazón y las mentes” de sus integrantes.
Contamos con la comprensión y confianza de un grupo de jefes militares que entendieron la significación de ese cambio. También sorteamos sucesivas crisis, padecimos toda clase de operaciones destinadas a producir el fracaso del Gobierno, muchas de ellas con base en bolsones autoritarios dentro del propio Estado y principalmente de los servicios de inteligencia.
¿Es que podía imaginarse que no iban a producirse crisis en una sociedad que había perdido más de diez mil muertos víctimas de la represión ilegal y de la violencia terrorista, además de las víctimas producidas por una guerra irracional como fue la guerra de Malvinas? Es cierto, la dificultad para instrumentar los tres niveles de responsabilidad que el presidente Alfonsín había establecido desde el comienzo, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y las tensiones y crisis militares que se desencadenaron en 1987 hicieron que muchos soslayaran la trascendencia que tuvieron los acontecimientos fundacionales de 1984 y 1985.
No se tenía en cuenta que ni siquiera teníamos ejemplos de otros países que hubieran emprendido un camino como el que estábamos recorriendo. Pero los años fueron colocando los hechos en la luz de la perspectiva histórica , inscriptos ya en la memoria colectiva como parte de lo bueno que hemos podido construir en estas tres décadas de vida democrática, pese al esfuerzo de algunos que se empeñan en hacer creer que antes de ellos nadie había hecho nada . Mientras el país que empezábamos a dejar atrás rendía cuentas ante los jueces de la Nación, el presidente Alfonsín compartía con los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas estas reflexiones que mantienen, un cuarto de siglo después su vigencia: “Emprender una gigantesca reforma cultural que instaure entre nosotros un respeto general por normas de convivencia que garanticen los derechos civiles, que generalicen la tolerancia, resguarden las libertades públicas, destierren de la sociedad argentina el miedo.
Todo eso se llama democracia . La única alternativa a una cultura de la ajuricidad es la cultura democrática”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario